El sector social de la economía, con gran potencial de creación de autoempleo y reducción de la desigualdad a través del impulso de proyectos comunitarios sustentables, no cuenta con mecanismos de financiamiento ni un marco jurídico adecuado, lo que limita su crecimiento e impacto en la población que participa en el mismo. De acuerdo con datos del INEGI, la participación del sector social de la economía (SSE) en el producto interno bruto (PIB) nacional apenas creció del 1.3 % en 2013 al 1.6 % en 2018.
El artículo 25 constitucional obliga al Estado a establecer mecanismos que pro-muevan el sector social de la economía (SSE); sin embargo, las políticas públicas enfocadas a su consolidación y crecimiento son escasas y limitadas.
La economía social y solidaria (ESS) hace referencia a las empresas y organizaciones (cooperativas, mutuales sociales, asociaciones, comunidades, ejidos, fundaciones y empresas sociales) que producen bienes, servicios y conocimientos que atienden las necesidades de la comunidad a la que sirven, para lograr objetivos sociales y medioambientales específicos y de fomentar la solidaridad. En el mismo sentido, la economía social y solidaria (ESS) se ofrece como una respuesta a los desafíos sociales de nuestra época: a la pobreza, la exclusión, el desempleo, la economía informal y la desigualdad, así como el deterioro del medio ambiente.
En México, las personas, colectivos y comunidades que deciden impulsar el autoempleo a través de procesos organizativos de economía social y solidaria como instrumento para mejorar sus condiciones de vida no tienen acceso a ser-vicios financieros adecuados ni suficientes, además que las figuras asociativas que actualmente existen están desactualizadas y no responden a las características de muchas empresas sociales y solidarias si se consideran sus fines, dimensiones y necesidades de financiamiento, así como el impacto social que provocan.
Presentamos dos propuestas encaminadas a fortalecer y promover el crecimiento del sector social de la economía:
- Financiamiento, capital y vehículos de inversión para empresas del SSE:
Es necesario impulsar una nueva banca de desarrollo para el país con el objeti- vo de destinar servicios financieros y promover la inversión para fortalecer las empresas comunitarias del sector social de la economía. Su diseño puede partir - de instituciones como Nacional Financiera (Nafin), Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) o el Banco del Bienestar.
- Consolidar el marco jurídico para la creación y consolidación de empresas del SSE:
Es necesario garantizar la seguridad de la propiedad social de las comunidades y abrir esquemas para la instalación y financiamiento de empresas de ESS mediante la creación de vehículos legales para las organizaciones del SSE; dos figuras iniciales serían la Sociedad Comunitaria de Fomento de Inversiones y el Fondo Comunitario de Inversiones, cuyo diseño deberá permitir, al mismo tiempo, el funcionamiento de consejos de administración que preserven el espíritu cooperativo mediante las decisiones colegiadas y los medios para atraer inversiones sin comprometer su carácter social.
Retos y oportunidades de esta propuesta:
Sería relativamente sencillo arrancar con un programa piloto de $330 millones de pesos al año durante el sexenio, que representa menos del 0.01% del presupuesto anual de Sembrando Vida ($33 mil millones de pesos en 2024). Ese fondo semilla se podría incrementar hasta 10 veces con fondos externos (banca de desarrollo internacional) para el año 3, aumentando y complementando el acompañamiento a un gran volumen de los pequeños productores empadronados en Sembrando Vida en procesos de sostenibilidad financiera, ambiental y social.
El factor exponencial de inversión directamente en el sector social de la economía y su dimensión de sostenibilidad financiera, reduciendo la dependencia en fondos gubernamentales por parte de las familias rurales, lo hace una propuesta de alta efectividad con un costo marginal.
Las dimensiones operativas y administrativas se resuelven fácilmente ya que implican elementos técnicos clásicos en términos de seguimiento, monitoreo y auditoría para programas de inversión social.
La dimensión política es más complicada por la alta dependencia a programas de transferencias condicionadas. Por otro lado, es una oportunidad para repensar el modelo de banca de desarrollo para el país, una enfocada al sector social de la economía de manera prioritaria.
Las potencialidades de la economía social y solidaria (ESS) para contribuir al combate a la pobreza y la desigualdad, para fomentar la producción y el consumo en armonía con la naturaleza y para fortalecer las capacidades de articulación y gobierno comunitarios se han mostrado en diferentes procesos de organización alrededor del mundo y está siendo ampliamente discutido por organismos internacionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas emitió en abril de 2023 una resolución para promover la ESS, reconociéndola como un posible modelo de desarrollo económico y social sostenible.
De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, para su desarrollo, las empresas de ESS enfrentan desafíos fundamentales, entre los que destacan su fragilidad y vulnerabilidad institucionales en relación con las coyunturas políticas y el acceso al financiamiento. Por sus características, históricamente las organizaciones de la ESS consiguen financiamiento mediante donaciones o créditos; estos últimos, con el problema de que suelen ser consideradas como de alto riesgo y de que, a menudo, los créditos que se les otorgan son a corto plazo.
En ese contexto, el diseño de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de las ESS deben incluir la definición de los marcos jurídicos necesarios para darles certidumbre y de los vehículos de financiamiento indispensables para su crecimiento y consolidación.
La economía social y solidaria puede ser una alternativa de autoempleo para 1.7 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen trabajo, 4.2 millones de personas subempleadas, así como para 32.6 millones que están en el empleo in-formal. Vale la pena dirigir la mirada hacia esta alternativa.
Con información de la Dra. Atzelbi Hernández y el Dr. Alberto Irezabal, investigadores del Centro Internacional de Investigación de Economía Social y Solidaria (CIIESS) de la Universidad Iberoamericana.
Referencias:
- Paz, L. y Pérez, E. (2023, 16 de septiembre). Responsabilidad política la continuidad de Sembrando Vida Entrevista a Hugo Raúl Paulín Hernández, Subsecretario de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar. La Jornada del Campo (192). Recuperado de: https: //www.jornada.com.mx/2023/09/16/delcampo/articulos/responsabilidad-sembrando-vidas.html
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) & Instituto Nacional de la Eco- nomía Social (INAES). (2022). Estudio de caso sobre la Economía Social de México, 2013 y 2018. https://www.inegi.org.mx/investigacion/ecesm/
- Confederación Empresarial Española
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