México sufre una severa degradación social y ambiental como resultado de modelos de desarrollo que han priorizado el crecimiento económico por encima de la conservación de la naturaleza. Este daño se ha exacerbado en los últimos años debido a la ampliación y profundización del modelo extractivista adoptado en nuestro país. El deterioro se manifiesta, por un lado, en procesos de deforestación, degradación del suelo, contaminación del agua y la atmósfera y pérdida de la biodiversidad, y, por otro, en los altos niveles de pobreza y desigualdad. Estos fenómenos están relacionados de manera estrecha y se retroalimentan.
Además, el costo de la degradación ambiental es diferenciado, ya que afecta sobre todo a los más desfavorecidos y provoca una creciente conflictividad. Todo lo anterior, se agrava por los efectos del cambio climático global.
Frente a este preocupante escenario, es apremiante revertir los procesos de degradación socioambiental y abrir vías que nos conduzcan hacia patrones de sustentabilidad que consideren la diversidad de entendimientos del mundo que hay en nuestro país. Se requieren transformaciones estructurales y estrategias concretas planteadas desde una perspectiva compleja, transdisciplinaria e intersectorial.
La protección ambiental es fundamental para garantizar la calidad de vida de la población, la provisión de los servicios ambientales básicos y los procesos productivos de los que depende la economía, por lo que los problemas socioambientales deben asumirse como prioridades nacionales que demandan atención urgente, e integrar a la sustentabilidad como un principio rector en todas las políticas públicas y decisiones gubernamentales, desde el nivel federal hasta el municipal.
A continuación, se proponen un conjunto de orientaciones que se consideran fundamentales para apuntalar la política ambiental y atender los principales desafíos que enfrenta el país.
Estas parten de un ejercicio de reflexión al interior del Programa Universitario para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, así como del análisis de propuestas elaboradas por distintos actores (SUSMAI, 2018; Merino, 2019; Cemda, 2024).
Fortalecimiento institucional y asignación de recursos
- Proporcionar un mayor respaldo político, financiero y técnico a las instituciones encargadas de la protección del medio ambiente, como la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con la asignación de
presupuestos adecuados, la mejora de la capacitación del personal y la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas. - Colocar en cargos estratégicos y de toma de decisiones a personas con las
capacidades y la formación necesarias. - Fortalecer las capacidades locales y regionales, técnicas y de gobernanza,
para impulsar procesos de sustentabilidad.
Transversalización de la sustentabilidad
- Transversalizar la sustentabilidad en la política pública, en particular en los
sectores económico, de salud, agropecuario, extractivo, turístico, energético, hidráulico y educativo. - Impulsar que la Semarnat lidere un proceso sostenido de transversalización
de la perspectiva de la sustentabilidad en las instancias de la administración pública. - Integrar los principios de la sustentabilidad en la toma de decisiones, acciones e intervenciones que llevan a cabo los gobiernos en los tres niveles.
- Crear instancias interdisciplinarias y grupos de trabajo transectoriales para
diseñar e implementar estrategias integrales de sustentabilidad. - Contar con voluntad política, compromiso real y efectivo para construir
políticas públicas orientadas a una gestión ambiental sustentable.
Transición energética y cambio climático
- Promover una transición energética socialmente justa, sustentable, que
garantice el respeto y la protección de los derechos humanos. - Diseñar un plan de transición urgente para abandonar los combustibles
fósiles y regular la generación de energía renovable, en línea con los compromisos internacionales adquiridos por el Estado mexicano. - Involucrar en la toma de decisiones a las comunidades locales afectadas
por proyectos de energía renovable, y garantizar la distribución justa de los
beneficios económicos y sociales. - Establecer metas y plazos concretos para la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. - Implementar estrategias de adaptación al cambio climático para aumentar la resiliencia de los territorios y las comunidades rurales y urbanas ante
los embates del cambio climático global. - Garantizar fondos para la atención de desastres.
Gestión del agua
- Considerar la seguridad hídrica como un asunto de carácter estratégico que
demanda atención urgente. - Llevar a cabo una gestión sustentable de los recursos hídricos, garantizando
el acceso equitativo y suficiente al agua dulce para cubrir las necesidades
humanas y ambientales, presentes y futuras, que considere los impactos
del cambio climático. - Crear una Ley General de Aguas Nacionales que priorice el uso del agua para
consumo humano por encima del consumo industrial o agrícola.
Participación ciudadana y acceso a la información
- Fomentar y garantizar la participación ciudadana y la colaboración con
la sociedad civil, el sector privado, la academia, las comunidades locales
y otros actores en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente y la elaboración, implementación y seguimiento de políticas públicas
dirigidas a la sustentabilidad. - Generar información pertinente sobre la situación ambiental y garantizar
el acceso a la información pública ambiental.
Personas y comunidades defensoras del territorio y del ambiente
- Garantizar la integridad de las personas y las comunidades que defienden
el medio ambiente, la tierra y el territorio, así como de las personas periodistas. Reconocer su trabajo y otorgarles condiciones que les permitan continuar sus luchas.
Cumplimiento efectivo de la legislación ambiental
- Regular las actividades económicas (extractivas, de turismo y energía, entre
otras) para garantizar que se observe la legislación ambiental vigente. Hay
que asegurar que todo proyecto cumpla con el proceso de Manifestación
de Impacto Ambiental, para identificar los efectos de los proyectos y establecer las medidas de mitigación requeridas para reducirlos, así como asegurar la consulta previa, libre, informada y de buena fe, de acuerdo con el
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientada
a obtener el consentimiento de las personas potencialmente afectadas.
Educación ambiental y comunicación
- Fortalecer la educación ambiental mediante la integración en todos los
niveles del sistema educativo, desde la primaria hasta la educación superior - Fomentar la integración de programas de educación ambiental no formal.
- Involucrar a los medios de comunicación en el desarrollo de una cultura de
sustentabilidad en la sociedad.
* Documento elaborado por la Mtra. Dulce Ramos.
Programa Universitario para la Sustentabilidad
de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Referencias:
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda) (2023). Informe sobre la situación
de las personas y comunidades defensoras de los
derechos humanos ambientales en México.
Recuperado de: https://www.cemda.org.mx/wpcontent/uploads/2023/05/cmd_abr23-resumenejecutivo.pdf - Centro Mexicano de Derecho Ambiental
(Cemda) (2024). Prioridades para la agenda
ambiental 2024-2030. Recuperado de: https://
www.cemda.org.mx/prioridades-para-la-agendaambiental-2024-2030/ - Merino, L. (2019). Crisis ambiental en
México. Ruta para el cambio. Ciudad de México:
Instituto de Investigaciones Sociales-UNAM.
Recuperado de: https://let.iiec.unam.mx/
node/3313 - Seminario Universitario de Sociedad,
Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI)
(2018). Agenda Ambiental 2018. Diagnóstico y
propuestas. Recuperado de: https://susmai.
sdi.unam.mx/index.php/en/mediateca/agendaambiental
